La posible adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) encendió una señal de alerta entre las organizaciones que trabajan por el acceso a la salud.
En diálogo con el programa Podría ser Peor, de Radio U, Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, explicó por qué considera que este acuerdo puede tener consecuencias sobre el precio de los medicamentos, la producción nacional y la soberanía sanitaria.
También cuestionó los cambios que impulsa el Gobierno nacional en el sistema de propiedad intelectual, en el marco de los compromisos asumidos con Estados Unidos.
Qué es el PCT y por qué genera preocupación
Di Giano explicó que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un sistema internacional que permite presentar una única solicitud de patente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y designar los países en los que se busca obtener protección. Aunque las patentes tienen alcance nacional, este mecanismo facilita los trámites de las empresas que buscan proteger sus desarrollos en distintos mercados.
El principal problema, según la especialista, aparece cuando se trata de medicamentos. Una patente puede otorgar un monopolio comercial de hasta 20 años, durante el cual se restringe la competencia y se limita la posibilidad de que otros productores fabriquen o comercialicen ese medicamento.
Esto puede dejar el mercado en manos de un único proveedor y provocar aumentos de precios. La directora de la Fundación GEP vinculó el impulso para adherir al tratado con el acuerdo comercial firmado entre Javier Milei y Donald Trump en febrero de este año. Según señaló, ese entendimiento incluye exigencias de Estados Unidos para modificar el sistema argentino de patentes. Argentina había mantenido históricamente una posición de resistencia a la adhesión al PCT.
Sin embargo, el proyecto obtuvo una segunda media sanción en la Cámara de Diputados y regresó al Senado para continuar su tratamiento. Frente a este escenario, la organización pidió a los senadores que rechacen la iniciativa.
El riesgo de extender los monopolios farmacéuticos
Uno de los puntos centrales de la advertencia tiene que ver con las denominadas prácticas de evergreening. Di Giano explicó que consisten en introducir pequeñas modificaciones en medicamentos que ya existen para solicitar nuevas patentes y extender así los períodos de exclusividad comercial.
Según recordó, un informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de 2011 señalaba que el 90% de las solicitudes de patentes farmacéuticas presentadas en Argentina correspondían a este tipo de prácticas. La especialista advirtió que, sin los mecanismos de control que históricamente tuvo el país, podrían multiplicarse las solicitudes y aumentar la carga de trabajo de una oficina de patentes que cuenta con recursos limitados.
Como ejemplo de las consecuencias económicas, mencionó un estudio comparativo de precios realizado por la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (REDLAMP). La investigación analizó el costo del dolutegravir, un medicamento utilizado en tratamientos contra el VIH y que, combinado con lamivudina, forma parte de los esquemas terapéuticos de una proporción importante de pacientes.
Según los datos presentados por Di Giano, Argentina paga 358 dólares por persona al año, mientras que Brasil abona 2.823 dólares por el mismo medicamento. La diferencia, sostuvo, está relacionada con las condiciones del sistema de patentes y los estándares de patentabilidad que aplica cada país.
El impacto llegaría a los pacientes y al sistema de salud
Consultada sobre las consecuencias concretas para la población, Di Giano fue directa: una eventual modificación del sistema podría traducirse en un aumento considerable del precio de los medicamentos. El impacto alcanzaría a todos los subsistemas de salud: hospitales públicos, ministerios nacionales y provinciales, obras sociales, empresas de medicina prepaga y también a las familias que deben afrontar tratamientos con recursos propios.
La directora de la Fundación GEP estimó que los efectos más notorios podrían comenzar a sentirse dentro de aproximadamente dos años. También relacionó esta preocupación con otras dificultades que ya atraviesa el sistema sanitario, como los recortes presupuestarios, el cierre del programa Remediar y los problemas en la provisión de medicamentos para jubilados y jubiladas. Además, cuestionó que las modificaciones se estén impulsando sin participación de los sectores afectados y sin evidencia que justifique la necesidad de reformar el sistema.
Durante la entrevista recordó que Argentina fue considerada una referencia internacional por haber desarrollado herramientas legales para evitar abusos en materia de propiedad intelectual y proteger el acceso a la salud. En ese sentido, destacó que la campaña Un escudo para la salud, impulsada por la Fundación GEP, busca instalar el debate y advertir sobre las consecuencias de perder esas herramientas.
Finalmente, reclamó mayor difusión pública de un tema que, según consideró, tiene poca presencia en los medios de comunicación. “Estas reformas no van a ser beneficiosas para el pueblo y van a traer el aumento del precio de los medicamentos”, concluyó.
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